La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando si determinadas entidades financieras han cometido irregularidades en la comercialización de los créditos avalados por el Estado a través del ICO a autónomos, pymes y empresas afectados por la crisis del coronavirus.

Las investigaciones que se están llevando a cabo tienen su origen en las denuncias comunicadas por determinados solicitantes de créditos ICO que en unos casos se han visto obligados a la contratación de determinados productos cruzados tales como seguros de vida, tarjetas, alarmas, compra de televisores…, mientras que en otras ocasiones han visto como les han sido ofrecidos dichos créditos como mecanismo para reestructurar productos financieros ya contratados o se han visto obligados al pago de unas determinadas cantidades en concepto de gastos iniciales.

Tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como el propio Banco de España ya habían comunicado a las entidades financieras la obligación de cumplir de forma estricta las condiciones y requisitos fijados tanto en la normativa reguladora como en los propios criterios del código de buenas prácticas bancarias, aclarando que, la concesión de un crédito amparado por la línea de avales decretada por el gobierno, en ningún caso podía estar vinculada con la contratación de otros productos.

Asimismo, el Instituto de Crédito Oficial señaló que las entidades financieras deberían mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplieran los criterios de elegibilidad y que contaran con un préstamo avalado al amparo de alguna de las líneas de avales aprobadas.