El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta este lunes, día 05 de diciembre, el Anteproyecto de Ley de Industria, con el fin de promover e impulsar la industria, modernizando a su vez el régimen aplicable a las empresas españolas.  

En primer lugar, se debe hacer referencia a la legislación aplicable. En este sentido, cabe destacar que la ley vigente actualmente es Ley 21/1992, de 16 de julio y, atendiendo a lo establecido sus artículos, se puede observar que los fines u objetivos perseguidos con su aplicación son la garantía y protección del ejercicio de la libertad de empresa industrial, la seguridad, calidad y responsabilidad industriales y la modernización, promoción y mejora de la competitividad.  

En consecuencia, se puede afirmar que, con la aprobación de este Anteproyecto de Ley de Industria se busca la consecución de los mismos objetivos. Es decir, la modernización e innovación de la industria, contribuyendo a su vez a la recuperación del tejido empresarial español que se ha visto afectado por una gran crisis económica. 

En atención a lo expuesto, también se debe explicar qué es lo que se considera como industria. A tal efecto, debemos remitirnos al artículo 3 de la citada ley por el que se establece que se consideran industrias, entre otras, aquellas empresas que realizan actividades para la obtención, reparación, transformación o reutilización de productos, así como para su envasado y embalaje, incluyendo también aquellas que prestan servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica, etc. Por tanto, esta es una ley que afecta a una gran cantidad de empresas, contando con especial relevancia.  

Con este Anteproyecto de ley se introducen varias novedades entre las que cabe destacar la promoción de ayudas públicas y la obligación de que aquellas empresas que perciban dichas ayudas públicas mantengan su actividad empresarial durante un periodo mínimo de 5 años (y de 3 años en caso de que se trate de pequeñas y medianas empresas. Es decir, de empresas de menos de 250 empleados).  

De igual modo, se crea el Consejo Estatal de Política Industrial, se actualiza el régimen de sanciones e infracciones para adaptarlas a la regulación europea y se establece la necesidad de elaborar una Estrategia Española para el Impulso Industrial con una vigencia de 10 años y un Plan Estatal de Impulso Industrial, que cuenta con una vigencia de 5 años. 

En definitiva, teniendo en cuenta que la ley vigente es del año 1992, no es de extrañar que la aprobación de una nueva ley de industria forme parte del Plan de Recuperación del gobierno y tenga por objetivos la mejora de la productividad y competitividad y la alineación con la política industrial aplicable en la Unión Europea. Sin embargo, se debe esperar a que se produzca la aprobación definitiva de una nueva Ley de Industria para conocer las reformas efectuadas y comparar ambas leyes.