Por Borja Reig, asesor jurídico de Iuris27.
El pasado mes de abril se ha presentado por el decano del Colegio de Abogados de Madrid junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la “Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas”, es decir, una hoja de ruta cuyo fin es agilizar los concursos de acreedores. Ello se está consiguiendo apostando por esta guía encaminada a facilitar la venta de unidades productivas de las empresas en concurso, y por consiguiente evitar que se destruya el tejido empresarial.
Son obvias las razones que han llevado a abogados y jueces de lo Mercantil a sumar fuerzas para salvar al mayor número posible de empresas inmersas en concursos. Concretamente los concursos de acreedores han aumentado en el primer trimestre de 2021 un 86,5%, de alguna forma había que dar respuesta a las consecuencias derivadas de la pandemia, y sin lugar a duda la práctica de esta guía, como veremos a continuación ofrece grandes oportunidades.
Esta guía de buenas prácticas tiene por finalidad informar y facilitar criterios a seguir por los distintos profesionales (abogados, economistas y otros profesionales de la rama económica y jueces), deudores concursados (empresas, profesionales y empresarios), entes públicos (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Empresas Públicas y Cámaras de Comercio) y Organizaciones Empresariales de los distintos ámbitos territoriales y sectoriales que intervienen, en las distintas posiciones, en los procesos concursales, para la enajenación de Unidades Productivas Autónomas.
A pesar de la suspensión del deber de solicitar el concurso, prorrogada hasta el 14 de marzo de 2021, en virtud de la Disposición Final 10ª del RDL 34/2020, de 17 de noviembre, las previsiones que se manejan es que muchas empresas no serán capaces de remontar la situación económica, debiendo acudir a un procedimiento concursal. Por esta razón, están surgiendo distintas iniciativas para dar una respuesta ágil a las empresas en insolvencia, tanto si optan por alcanzar un convenio con sus acreedores como si permiten la entrada de nuevos inversores que apuesten por la continuidad del negocio. Centrándonos en este último punto, los principales problemas al que nos enfrentamos en los concursos, para una correcta gestión de la venta de la unidad productiva, son:
- Que las empresas suelen acudir al concurso tarde, cuando apenas hay tesorería.
- Que la mera declaración de concurso, implica una aminoración del valor de la empresa.
Como consecuencia los administradores concursales tienen que iniciar un proceso de venta de la unidad productiva sin el tiempo y análisis que requieren estas operaciones, con el consiguiente riesgo de que el precio obtenido no se corresponda con el valor real de mercado.
A modo de conclusión, la Guía de Buenas Prácticas que, aunque de aplicación voluntaria, pretende poner a disposición de los profesionales, las herramientas necesarias para fijar correctamente el perímetro de la unidad productiva, calcular el valor que tiene la empresa en el mercado y qué información se debe facilitar, a los posibles interesados en la compra, consiguiendo maximizar el precio de los bienes y derechos de la concursada; evitar la destrucción del tejido empresarial; y conservar el empleo.
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