Por Carmen Lozano, abogada de Iuris27.
Sube el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas mientras que se reducen considerablemente las iniciadas sobre viviendas de personas jurídicas.
Transcurrido un año desde que se decretase el estado de alarma y se adoptasen las primeras medidas sociales, se produce la máxima subida en número de ejecuciones hipotecarias interpuestas desde el 2014.
Acudiendo al informe del Consejo General del Poder Judicial “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” las ejecuciones hipotecarias sufrieron un crecimiento trimestral durante el año 2020 siendo del 8,5% durante el primer trimestre y de 42,5% durante el cuarto trimestre. Se trata así del mayor aumento de número de procedimientos en los últimos siete años, donde la tendencia hasta el momento fue siempre descendiente.
Este aumento en las ejecuciones hipotecarias podría traducirse como la consecuencia directa a la crisis provocada por la pandemia y las dificultades económicas motivadas por el Covid-19. Sin embargo, en el mes de marzo de 2020 fue aprobada una moratoria en el pago de las hipotecas con duración hasta el 31 de marzo de 2021, periodo durante el cual las entidades acreedoras no podían exigir el pago de las cuotas hipotecarias de los clientes que instaron el aplazamiento.
Así, expuesto ello no se entendería que la realidad de la situación fuese precisamente la contraria y que durante el dicho año la tendencia de interposición de ejecuciones hipotecarias fuese al alza, concretamente el cuarto trimestre donde casi se duplicaron los procedimientos hipotecarios respecto al último trimestre de 2019.
¿Dónde radicaría entonces el motivo de este aumento? Buscar una causa concreta resulta cuanto menos arriesgado, lo que si podría valorarse como detonador es entre otros, el hecho de que no fue precisamente hasta el 15 de abril de 2020 cuando se acordó el levantamiento de la prohibición de presentar escritos de demanda como medida acordada por el estado de alarma y que propició el atasco de los juzgados españoles y cuya descongestión precisamente se inició durante el cuarto trimestre de 2020.
Es igualmente posible que el recuento de certificaciones registrales (que es la base usada para elaborar las estadísticas del número de procedimientos judiciales interpuestos) se computase de manera global en el último trimestre, pero incluyese certificaciones expedidas a lo largo del 2020.
O más concretamente, siendo esta quizás la tesis de mayor peso, en la Ley 5/2019 de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sumada a las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11/9/19 y posteriores resoluciones que fijan las bases por las que la cláusula de vencimiento anticipado debe ser declarada abusiva. Así, constando superados los requisitos y las incertidumbres, las entidades financieras ejecutan sin titubeo las garantías reales.
En evidencia de lo expuesto, el pasado 8 de marzo fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos relativos a las ejecuciones hipotecarias iniciadas el cuarto trimestre de 2020 sobre viviendas de personas físicas, que aumentaron un 97,0% en tasa anual. Esta información se basa en la certificaciones expedidas o inscritas en los Registros de la Propiedad del territorio nacional.
Entre estas viviendas, 3.018 son habituales en propiedad (un 109,9% más que en el mismo trimestre de 2019) y 742 no son residencia habitual de los propietarios (un 57,4% más)[1]. Las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas (locales, oficinas, garajes…) suponen el 35,1% del total.
Los procedimientos sobre viviendas concentran el 57,1% del total de ejecuciones hipotecarias en el cuarto trimestre de 2020. El 30,2% del total de ejecuciones son viviendas habituales de personas físicas, el 19,5% corresponde a viviendas de personas jurídicas y el 7,4% a otras viviendas de personas físicas.
El crecimiento de estos procedimientos sobre vivienda (disparado más del 100% durante el cuarto trimestre del 2020) sigue una tendencia totalmente contraria a la de años previos, y destaca el hecho de que un gran número de estas ejecuciones iniciadas en el 2020 corresponden a hipotecas constituidas entre los años 2005 – 2008, en pleno “boom” inmobiliario (un 56,3% de las ejecuciones iniciadas durante el último trimestre).
En cualquier caso, lo determinante es que si bien la Covid-19 supuso un freno para los desahucios, no ha sido así para las ejecuciones hipotecarias que se mantienen en subida, aunque alejada de los porcentajes de número de procedimientos concentrados en el año 2014.
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[1] INE
