El pasado 22 de noviembre fue aprobado el Real Decreto-ley 19/2022, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar los tipos de interés sobre vivienda habitual y de mejora del mercado de préstamos hipotecarios.  

Con la publicación de esta nueva ley, que modifica el anterior Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, se trata de ayudar a los deudores más vulnerables, aliviando la carga hipotecaria sobre la vivienda habitual de los mismos.  

Así lo expone el preámbulo de la ley, que hace referencia al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como al endurecimiento de la política monetaria derivado de ella y a la inflación que está viviendo Occidente en la actualidad.  

El Real Decreto-ley 6/2012 se ha estado aplicando desde hace nueve años. Con la nueva modificación, se pretende facilitar los pagos de los préstamos que han sufrido un aumento significativo de las cuotas tributarias, adoptando un paquete de medidas urgentes que se ajusta a la realidad actual.  

Son varias las medidas adoptadas para mitigar la carga hipotecaria que soportan las familias vulnerables, encontrándonos, entre ellas, las siguientes:  

• El Código de Buenas Prácticas, que será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2.024 y pueden acogerse al mismo aquellos titulares de préstamos hipotecarios sobre su vivienda habitual que reúnan una serie de requisitos. 

• El precio de adquisición de la vivienda no puede ser superior a 300.000 euros.  

• Los préstamos a los que es aplicable el nuevo Código deben ser constituidos hasta el 31 de diciembre de 2.022. 

• Las entidades adheridas, que cada vez están siendo más las que se suman a esta propuesta, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos del deudor en caso de cesión de créditos.  

Estas medidas, como explica la Resolución de 23 de noviembre de 2.022 por la que se publica el Acuerdo, son aplicables a deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Para tener tal condición, las familias que quieran acogerse a este paquete deben contar con los siguientes requisitos:  

• La unidad familiar debe obtener una renta conjunta de 3,5 veces más baja que el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de catorce pagas.  

• La familia beneficiaria de estas medidas, debe haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en los cuatro años anteriores a la solicitud de acogerse a las mismas.  

• Que la cuota dedicada al pago de la hipoteca supere el 30% de los ingresos que percibe la familia en su conjunto.  

Junto a lo anterior, han sido tomadas medidas fiscales y arancelarias relativas a las hipotecas, que benefician a las familias acogidas al Código.   

En definitiva, las medidas reunidas en el Real Decreto-ley 19/2022, que establece el Código de Buenas Prácticas, tratan de aliviar la carga financiera de los hogares que cuentan con préstamos hipotecarios a tipo de interés variable sobre sus viviendas habituales, y que son vulnerables debido a la política monetaria que se está viviendo en la actualidad como consecuencia de la crisis inflacionista.